Minería, ética y progreso social: Mining, ethics and social progress - Tinoco Guerra, Antonio Enrique; Delgado Medina, Caribay (Cuadernos Latinoamericanos, 2021)
La explotación minera genera un boom económico que, paulatinamente, se va esfumando y transformando en un proceso de empobrecimiento generalizado, convirtiendo zonas que fueron aparentemente prósperas durante la explotación en regiones profundamente deprimidas, plagadas de males sociales y donde la riqueza efímera desaparece. En el presente trabajo se pretende establecer la conexión entre explotación minera, ética y progreso social, tomando como punto de partida las relaciones que existen entre estas formas de extracción con el medio ambiente, la salud humana y de cuanto ser viviente exista en el entorno donde se efectúan los procesos extractivos. Se procura revisar las responsabilidades éticas del Estado y de las comunidades organizadas frente a las explotaciones mineras y a los estragos que causan éstas al entorno. En esta investigación se utilizó un método reflexivo e interpretativo a partir del estudio de las obras de autores relevantes en el campo del conocimiento que interrelacionan la actividad minera, la ética y el progreso social. Entre ellos se destacan los trabajos de Galeano (2000) y Uslar (1990); los aportes de Aldunate (2001), Diamond (2006), Brailovsky (2009) y Latchinian (2016). A partir de las tres últimas décadas del siglo XX, en América Latina se ha desarrollado un movimiento ecologista que ha cuestionado profundamente las explotaciones mineras como alternativas para el logro de un desarrollo sustentable, donde han hecho contribuciones autores como Cesarman (1976), Aguilera (1980), Mires (1982), Ovalles (1983), Vidart (1986), Barra (1986), Alvárez (1993) y Boff (1999). Se concluye que comunidades como Cajamarca en Perú y Cajamarca en Colombia, han vivido experiencias similares, donde la voz del ciudadano y de las comunidades han sufrido los embates de una concepción errada de lo que es el bien común, argumento esgrimido, generalmente, por los gobiernos nacionales, regionales y locales, al ser la justicia atropellada por el derecho.