Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXXI, No. 3, Julio-Septiembre 2025. pp. 162-176

FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Como citar: López, A., Murillo, F. de L., y Pérez, J. M. (2025). Covid-19 y vulnerabilidad social: Análisis de la situación de las personas refugiadas en la Unión Europea. Revista De Ciencias Sociales, XXXI(3), 162-176.

Covid-19 y vulnerabilidad social: Análisis de la situación de las personas refugiadas en la Unión Europea

López Serrano, Aida*

Murillo de la Cueva, Fernando de Lucas**

Pérez Viejo, Jesús Manuel***

Resumen

Las personas en búsqueda de asilo y refugio en la Unión Europea, durante la pandemia de la COVID-19 encontraron cambios en las normas y políticas migratorias que afectaron la gestión y tramitación de sus solicitudes de protección internacional. Este artículo examina el incremento de los riesgos de vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo en la Unión Europea, desde el enfoque de los Derechos Humanos y una perspectiva interdisciplinar, analizando la condición legal y sociodemográfica. Desde un enfoque metodológico de carácter cuantitativo descriptivo, empleando fuentes secundarias de las bases de datos de Eurostat, en el periodo entre 2020 y 2021, se identificaron el avance de los flujos de personas en búsqueda de asilo, sus características sociodemográficas y resoluciones de solicitudes de asilo. Se identificó una disminución en primeras solicitudes de asilo y un aumento de resoluciones negativas. Los resultados evidencian una restricción del acceso al asilo, especialmente entre los colectivos más vulnerables, menores y mujeres. Los cambios realizados en los sistemas jurídicos para abordar la pandemia quebrantaron los derechos de estas personas, aumentando su vulnerabilidad. En conclusión, las condiciones y procedimiento de las solicitudes de asilo han de estar de acuerdo con los estándares internacionales y proteger a las personas.

Palabras clave: COVID-19; vulnerabilidad social; Personas refugiadas; derechos sociales; Unión Europea.

* Doctora en Sociología. Socióloga. Profesora Contratada Doctora en la Universidad Internacional de la Rioja, Madrid, España. E-mail: aida.lopezserrano@unir.net ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9008-7960

** Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig, Alicante, España. E-mail: fernando.lucas@ua.es ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6079-6130

*** Doctor en Trabajo Social. Trabajador Social y Psicólogo. Profesor Titular de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. E-mail: jmperezviejo@der.uned.es ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4969-4918 (Autor de correspondencia)

Recibido: 2025-02-12 • Aceptado: 2025-05-02

Covid-19 and social vulnerability: Analysis of the situation of refugees in the European Union

Abstract

Asylum and refugee seekers in the European Union encountered changes in immigration regulations and policies during the COVID-19 pandemic that affected the management and processing of their applications for international protection. This article examines the increased vulnerability risks of asylum seekers in the European Union from a human rights and interdisciplinary perspective, analyzing their legal and sociodemographic status. Using a descriptive quantitative methodological approach, using secondary sources from Eurostat databases, the increase in asylum seeker flows, their sociodemographic characteristics, and asylum application resolutions were identified between 2020 and 2021. A decrease in first asylum applications and an increase in negative resolutions were identified. The results reveal restricted access to asylum, especially among the most vulnerable groups, including minors and women. The changes made to legal systems to address the pandemic violated the rights of these people, increasing their vulnerability. In conclusion, the conditions and procedures for asylum applications must comply with international standards and protect people.

Keywords: COVID-19; social vulnerability; refugees; social rights; European Union.

Introducción

Los movimientos de personas refugiadas, como en la crisis de refugio de 2015 resultado de la guerra en Siria, pusieron a la Unión Europea (UE) en una situación inédita en su historia por el volumen del flujo de personas refugiadas provenientes de este conflicto hacia sus fronteras. El resultado fue el de una crisis de gobernanza (Börzel, 2016) que puso en entredicho el discurso de derechos y valores que sustenta el entramado comunitario.

La crisis derivada de la COVID-19 fue un desafío para todos los sistemas de protección social. En España, la tasa de riesgo de pobreza alcanzó el 26,4% en 2020, principalmente entre los colectivos sociales que ya se encontraban en una situación desfavorecida (European Anti Poverty Network [EAPN], 2022). Entre estos grupos, el de las personas refugiadas es uno de los más vulnerables, siendo especialmente sensibles a los cambios y a las decisiones adoptadas por los países que las reciben o por los que transitan. Además, estas personas se enfrentan a barreras administrativas, sociales y económicas que dificultan su regularización e integración (Durán et al., 2024). En este contexto, la resiliencia comunitaria resulta una estrategia crucial para mitigar los efectos de la crisis sanitaria entre las personas refugiadas (Pérez et al., 2020).

Este trabajo analiza el acceso al asilo de las personas refugiadas que llegaron a la UE durante el primer año de la pandemia de COVID-19, cuando la crisis fue más grave, incrementando el riesgo de vulnerabilidad. El caso de la UE es de interés, porque en la crisis de 2015 priorizó el control de las fronteras y flujos antes que la atención y socorro de estas personas (López y De Lucas, 2018), agravándose esta situación en la pandemia, sobre todo durante los confinamientos (Uceda, 2022). Así lo demuestra la concesión de tan solo el 5% de las solicitudes de asilo presentadas en 2020 en la UE (Comisión Española de Ayuda al Refugiado [CEAR], 2021). En este sentido, el objetivo de esta investigación fue analizar el incremento de los riesgos de vulnerabilidad de las personas llegadas a la UE durante el primer año de la pandemia de la COVID-19, en su acceso al asilo.

1. Fundamentación teórica

Estudiar la vulnerabilidad social permite un análisis integral que considera no solo las condiciones de pobreza, sino también los recursos y capacidades que las personas tienen para enfrentar situaciones de crisis (Salamanca y Egea, 2018; Guillén et al., 2019; Luna-Nemecio, 2020; Avila et al., 2024). Este enfoque es esencial para entender cómo la pandemia de la COVID-19 agravó la vulnerabilidad de las personas refugiadas en la UE, al analizar tanto sus limitaciones estructurales como sus estrategias de afrontamiento.

La atención a los sectores más vulnerables es responsabilidad del Estado, que tiene que garantizar las condiciones mínimas de seguridad y acceso equitativo a oportunidades. Esta intervención debe ser sostenida en el tiempo mediante políticas orientadas a la inclusión social y económica, adaptables tanto a crisis provocadas por el ser humano como a desastres naturales (Pizarro 2001).

No obstante, es conveniente establecer algunas aclaraciones conceptuales. Por ejemplo, es importante diferenciar entre el estatuto de asilado y el de refugiado. El primero, refiere a personas individuales; mientras que el segundo, se aplica a grupos de personas, frecuentemente en relación con situaciones de guerra y que temen por su vida.

Si bien es cierto que los Estados que nieguen el refugio deben justificar su decisión, la compleja distinción entre estas dos situaciones hace que el proceso se complique (Vettorasi y Amorim, 2021). En todo caso, la solicitud de asilo es el proceso legal para que esa condición sea reconocida oficialmente según la ley (Ministerio del Interior de España, 2013) y en ambos casos son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, producto de un incremento del riesgo y fragilidad social (Valdés, 2021), que limitan su capacidad para lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza.

Estas personas viven en circunstancias excepcionales que, prolongadas en el tiempo, agravan sus condiciones de vida (Ruiz, 2012). Se establece así un círculo de pobreza e inseguridad (Cuevas et al., 2019), que incrementa su vulnerabilidad antes incluso de partir por la situación en el país de origen. Pero también son vulnerables durante el desplazamiento. Entre otras cuestiones por el incremento de mafias con las que contratan el viaje al no haber posibilidad de vías legales, lo que incluye el riesgo relacionado con el tráfico de personas (Bassiouni et al., 2010). Es decir, riesgo y vulnerabilidad aumentan y continúan al llegar al destino (que no tiene por qué ser el deseado). Al mismo tiempo, se observa un incremento de flujos migratorios mixtos, en los que a los conflictos bélicos se les suman causas económicas (Iglesias et al., 2016), es decir, personas aún más vulnerables.

A ello hay que añadir los vacíos normativos, especialmente cuando se combinan con factores como la situación administrativa irregular, el sexo, la edad o la discapacidad, lo que puede derivar en múltiples formas de discriminación (Herranz, 2015; Salamanca y Egea, 2018). Esta situación se agravó durante la pandemia de la COVID-19, cuando este colectivo tuvo un acceso limitado a la protección sanitaria y a la vacunación, incrementando la vulnerabilidad en los trayectos de personas en búsqueda de asilo, en condiciones extremas (Vonen et al., 2020).

Los problemas relacionados con el asilo y el refugio en la Unión Europea se evidenciaron durante la crisis siria de 2015, revelando una actitud ambigua frente a la protección de derechos (López y De Lucas, 2018; Uceda, 2022). Durante la pandemia, estas dificultades se intensificaron con el cierre de fronteras para contener el virus, coincidiendo con un auge de políticas antiinmigración en varios Estados miembros (Ikotun et al., 2021).

La distinción entre asilo y refugio, aunque jurídica, refleja situaciones humanas marcadas por una alta vulnerabilidad. Las personas que huyen por conflictos, persecución o crisis estructurales enfrentan riesgos antes, durante y después del desplazamiento, agravados por la falta de vías legales y la respuesta insuficiente de los Estados. La pandemia evidenció aún más estas carencias, afectando especialmente a quienes ya vivían en condiciones precarias. Ante este escenario, resulta urgente reforzar un enfoque de derechos humanos que garantice protección real y evite que la burocracia o la desinformación desdibujen el compromiso ético con quienes buscan amparo.

1.1. Medidas de la UE ante la COVID-19 y solicitantes de asilo.

A principios de 2020, la Comisión Europea (2020a) negoció con el Parlamento y el Consejo Europeo para establecer un mecanismo de acceso al asilo y un sistema justo de reubicación de personas, mediante propuestas sobre la Agencia Europea de Asilo, la Cualificación, la Acogida, Eurodac y el Reasentamiento (CEAR, 2020). Sin embargo, ninguna de estas propuestas fue aceptada según su objetivo inicial. El fracaso y la ralentización de las negociaciones se debieron en parte a la necesidad de abordar la crisis de la COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó acciones urgentes para mitigar el impacto sanitario, lo que llevó al Consejo de la UE a restringir la libre circulación de personas en Europa. Además, se implementó un sistema de coordinación entre los Estados por zonas de riesgo para proteger la salud pública (Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de la Unión Europea).

Estas medidas se basaron en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, que permite a los Estados restringir la libre circulación por razones de salud pública, sin importar la nacionalidad. En concreto, la Comisión Europea adoptó una medida que proponía la restricción temporal de los viajes no esenciales desde países fuera de la UE, con excepciones para personas que necesiten protección internacional o por razones humanitarias (Comisión Europea, 2020b). A pesar de estas medidas, el cierre de fronteras tuvo efectos negativos sobre las personas en búsqueda de asilo, evidenciados en las dificultades de los Estados miembros para aplicar las normas de la UE sobre asilo y retorno, así como un impacto distorsionador en los reasentamientos debido a las medidas de protección sanitaria (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2021).

La Comisión Europea, con el apoyo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y Frontex, elaboró normas para garantizar el acceso a los procedimientos de asilo y los derechos de las personas, conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en relación con el acceso a la salud y al tratamiento de enfermedades, incluida la COVID-19 (Comisión Europea, 2020a). Sin embargo, la aprobación del “Certificado Verde Digital” limitó la movilidad, puesto que requería demostrar vacunación contra la COVID-19, prueba negativa o recuperación de la enfermedad (Consejo de la Unión Europea, 2021), algo difícil para las personas en búsqueda de asilo, sin acceso a atención sanitaria.

Además, durante la pandemia, el Tribunal de Luxemburgo suspendió los procesos relacionados con personas refugiadas y la libertad de movimiento, sin tomar medidas para agilizar las decisiones pese a la situación excepcional. Al mismo tiempo, ACNUR y la OIM impusieron restricciones en los campos de refugiados, coincidiendo con el cierre de fronteras, lo que impidió que muchos continuaran su viaje (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2020; ACNUR, 2021).

En el tercer trimestre del año 2020 se reanudaron las aperturas de los campos, pero tan solo 34.400 personas lograron abandonarlos y reasentarse en terceros países. Supuso un descenso del 69% con respecto al 2019, acumulándose en 2020 1,4 millones de personas refugiadas que precisaban reasentamiento (ACNUR, 2020). Las decisiones adoptadas pusieron en duda el compromiso con la Agenda 2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018) y la Declaración de Nueva York de 2018, de la que derivan los Pactos Mundiales sobre migración y refugiados, recordando que la integración local de refugiados es una decisión soberana, orientada por los derechos humanos (García-Juan, 2021).

Durante la pandemia, los Estados europeos priorizaron otros temas sobre la integración de personas refugiadas, eludiendo sus responsabilidades en cuanto a los derechos humanos. Estrada y Fuentes (2020), señalan la estrategia de externalización de fronteras de la UE, que invisibiliza la situación de los refugiados al delegar el control de flujos en los países de tránsito. La COVID-19 afectó globalmente, y las medidas tomadas, como toques de queda, distanciamiento social y restricciones de viaje, contribuyeron a la protección individual, pero también alteraron gravemente la vida cotidiana y el acceso a servicios.

Las personas en búsqueda de asilo y refugio se enfrentaron a grandes dificultades para cumplir con las medidas de la pandemia. No podían acceder a una higiene básica ni usar mascarillas adecuadamente. Tampoco vivir en condiciones que permitieran el confinamiento o mantener distancias de seguridad debido a los espacios compartidos, ni detener sus desplazamientos. Enfrentaron además riesgos asociados a su situación, como la detención, expulsión o retorno a sus países.

Las medidas restrictivas de empleo de las personas refugiadas (Zetter y Rauaudel, 2018), se agravaron por la paralización de actividades económicas, lo que les impidió continuar incluso con trabajos ilegales y precarios (İçduygu, 2020). La crisis sanitaria, sumada a la económica, empeoró la situación de estas personas en su trayecto, en las fronteras y en los países receptores. Esto aumentó su vulnerabilidad en términos socioeconómicos y de salud, generando mayores problemáticas y dificultades para acceder a recursos sociales y sanitarios esenciales.

Las restricciones a la movilidad impuestas para limitar la transmisión del virus provocaron la concentración de personas solicitantes de asilo en países fronterizos con la UE, como Turquía y las islas canarias griegas y el sur de Italia. La falta de recursos esenciales dejó a estas personas sin comida, refugio, ni acceso a servicios, lo que les impidió regresar a sus países o realizar solicitudes de asilo (Uceda, 2022), aumentando el riesgo de quedar en situación irregular, al no poder cumplir con los requisitos legales. La pandemia generó percepciones xenófobas hacia los refugiados, acusándolos de propagar la enfermedad, lo que aumentó el riesgo de problemas de salud mental en estos grupos (Dubey et al., 2020), incrementándose las enfermedades mentales por la discriminación (Spiritus-Beerden et al., 2021). 

La pandemia de la COVID-19 paralizó las reformas en materia de asilo y refugio en la UE, cerrando fronteras y aplicando restricciones que afectaron especialmente a las personas en búsqueda de protección internacional. A pesar de las excepciones humanitarias, muchas quedaron atrapadas en condiciones precarias sin acceso a salud, empleo o vías legales de protección. El drástico descenso del reasentamiento reflejó una desatención de los compromisos internacionales, agravada por la externalización de fronteras y una percepción negativa hacia estas poblaciones, intensificando la vulnerabilidad de quienes ya estaban al margen de la protección efectiva.

2. Metodología

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo y comparativo no experimental. Los datos analizados son secundarios, obtenidos de las bases de Eurostat del año 2022, de las personas en búsqueda de asilo y refugio que se registran en los países de la UE a través de los registros de asilo y de primer asilo, por ser los del primer país de llegada. Se emplean estos últimos datos por ser los más ajustados a la realidad, puesto que los primeros pueden atender a duplicidades de solicitudes que una persona puede hacer por los países europeos que transita.

Se ha tomado como herramienta de análisis el Excel. A partir de este criterio, se han seleccionado las variables de análisis: Primeras solicitudes de asilo, países de entrada a la UE, decisiones positivas de asilo, decisiones denegadas de asilo, tipos de decisiones positivas, país de procedencia, sexo y edad. Se desarrolla una estructura de análisis lógica y secuencial de acuerdo con el objetivo de investigación. Se ha realizado un análisis longitudinal de la evolución de las primeras solicitudes de asilo en los países de la UE entre los años 2012 a 2021 y entre los años 2019, 2020 y 2021, correspondientes a los años de pandemia, para detectar posibles tendencias. En tercer lugar, se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de las características de la población que realizó primeras solicitudes de asilo correspondiente al año 2021.

3. Resultados y discusión

Como se muestra en el Gráfico I, desde el año 2012 las primeras solicitudes de asilo ascendieron exponencialmente hasta 2016. Sin embargo, a excepción de pequeños repuntes en 2019, se observa una tendencia general descendente desde 2017, siendo más significativa en el inicio de la pandemia en 2020, en que disminuyeron un 34%, con respecto al año anterior. En 2021, se registró un repunte del 22% de primeras solicitudes, aunque sin alcanzar las cifras anteriores a la pandemia.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de los datos anuales agregados de Eurostat (2022).

Gráfico I: Primeras solicitudes de asilo UE-27 (2012-2021)

En cuanto a los países de entrada de solicitantes de asilo, el Gráfico II muestra que Alemania experimentó una caída del 38,9% en las primeras solicitudes entre 2019 (142.450) y 2020 (102.525). No obstante, en 2021, las solicitudes aumentaron un 47%, alcanzando un total de 148.175. España, experimentó un aumento constante en las primeras solicitudes de asilo desde 2016 hasta 2019, alcanzando 115.175 solicitudes. Sin embargo, en 2020 y 2021, la tendencia cambió, con una caída del 33,3% en 2020 (86.380 solicitudes) y un descenso del 32% en 2021 (62.050 solicitudes). En Italia, las primeras solicitudes de asilo cayeron un 20,2% de 35.005 en 2019 a 21.330 en 2020. Sin embargo, en 2021 aumentaron un 51,4%, alcanzando 43.900 solicitudes. En Grecia, las peticiones de asilo pasaron de 74.910 en 2019 a 37.860 en 2020, lo que supone una disminución del 49,4%.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de datos anuales agregados de Eurostat (2022).

Gráfico II: Primeras solicitudes de asilo en los principales países de entrada (2012-2021)

Estos países mediterráneos son los principales puntos de entrada para estas personas (especialmente quienes proceden de África y Oriente Medio) y en donde se encuentran campos de acogida como los de Chipre y Malta, Moria y Kara Tepe de Grecia o los centros de Lampedusa en Italia. En España, están ubicados en las Islas Canarias (CATE, CIE y El Matorral) además de los centros en Ceuta y Melilla.

En los países de la UE, las resoluciones en primera instancia del procedimiento de asilo, que se recogen en el Gráfico III, muestran en 2020 un aumento del 2,7%, de solicitudes aprobadas (211.815) con respecto a 2019. Sin embargo, en 2021, aunque el 39% de las decisiones fueron positivas (protegiendo a 201.045 personas), hubo una caída del 5,4% respecto a 2020. En 2021, el 61% de las peticiones fueron denegadas, aumentando el 3% en relación con 2020, significando una orden de salida obligatoria, expulsión o traslado de la persona y pueden ser recurridas (ACNUR, 2022).

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de datos anuales agregados de Eurostat (2022).

Gráfico III: Decisiones positivas y denegadas de asilo. Evolución 2012-2021

La literatura reciente resalta que la crisis migratoria europea y la pandemia han aumentado la vulnerabilidad social de los refugiados y migrantes. Según Paul et al. (2020), las deficiencias institucionales y la limitada cobertura de los sistemas de bienestar han incrementado los riesgos de exclusión y pobreza, restringiendo el acceso a derechos fundamentales. Este enfoque concuerda con los hallazgos del estudio, que demuestra la debilidad de las respuestas sociales e institucionales ante las necesidades de los refugiados durante la pandemia.

En 2021, los Estados de la UE tomaron decisiones positivas sobre solicitudes de asilo, principalmente según el estatus de la Convención de Ginebra (56%) debido a conflictos en los países de origen. Le siguieron las decisiones de Protección Subsidiaria (31%) y, en menor medida, el Estatus Humanitario (13%), que otorga residencia temporal por razones excepcionales, pero no es una forma de protección internacional. No se otorgó estatus de protección temporal. Además, quedaron pendientes 759.000 solicitudes, muchas de años anteriores, reflejando un retraso en la tramitación, con plazos de hasta 6 meses en países como Portugal y España. Esto dejó a muchas personas en situación de vulnerabilidad, sin reconocimiento de su condición de asilo ni derechos asociados (Eurostat, 2022).

3.1. Perfil demográfico de personas refugiadas: edad, sexo y origen

Como puede verse en el Gráfico IV, la distribución de personas solicitantes de asilo muestra diferencias por sexo y edad. Entre 2019 y 2021, la mayoría de las solicitudes de asilo fueron presentadas por hombres, con una tendencia creciente: Del 62% en 2019 al 69% en 2021. Las mujeres representaron entre el 31% y el 38% del total. En cuanto a la edad, las solicitudes de menores bajaron en 2020 (129.590) respecto a 2019 (192.155), pero repuntaron en 2021 hasta 166.660, predominando los varones (55,23%).

Fuente: Elaboración propia, 2024 según datos de Eurostat (2022).

Gráfico IV: Distribución por sexo de primeras solicitudes de asilo entre 2019 y 2021

Entre 2019 y 2021, las primeras solicitudes de asilo de personas entre 18 y 34 años, el grupo con más solicitudes, cayeron un 50% en 2020 pero subieron un 26% en 2021. En el grupo de 35 a 64 años, las solicitudes bajaron un 59% en 2020 y repuntaron un 10% en 2021. Entre 2019 y 2021, las personas mayores de 64 años representaron el grupo menos numeroso en primeras solicitudes de asilo, con un descenso del 33% en 2020 respecto a 2019 y un leve aumento del 5% en 2021. En contraste, entre enero y agosto de 2020, el 25% de los casi 50.000 solicitantes de asilo en Europa eran menores, incluidos unos 10.000 en tránsito, algunos no acompañados o separados de sus familias. En 2020, la UE registró 13.550 solicitudes de asilo de menores no acompañados, un 4% menos que en 2019 y muy por debajo de las 91.955 registradas en 2015 (Eurostat, 2022).

En relación con los países de origen, reflejados en el Gráfico V, las personas proceden principalmente de Siria y fueron las más representativas en realizar primeras solicitudes de asilo durante los tres periodos analizados. En 2020, este colectivo registró 74.915 primeras solicitudes de asilo, un 15% menos que en 2019, aumentando en 2021 un 49% y representando el 18% del total de solicitudes. Afganistán, mostró una caída del 22,6% de solicitudes de asilo en 2020 (44.285), seguida de un notable incremento del 88,5% en 2021, alcanzando las 83.510 solicitudes (16% del total). Irak, también registró una fuerte disminución en 2020 (16.275 solicitudes, un 65% menos que en 2019), pero en 2021 subió un 57,8%, con 25.695 solicitudes (5% del total). La mayoría de las personas procedentes de estos países realizaron su primera solicitud de asilo en Alemania.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de datos anuales agregados de Eurostat (2022).

Gráfico V: Países de las personas que realizan primeras solicitudes de asilo (2021)

En 2020, Pakistán experimentó una disminución en sus solicitudes de asilo, con 15.910 peticiones, pero en 2021 aumentaron un 32%, alcanzando las 21.015 solicitudes, el 4% del total. De estas solicitudes, el 30,73% eligió Italia como destino. España fue el principal destino para las solicitudes de primer asilo de personas de países iberoamericanos, como Colombia (93,54%) y Venezuela (92,14%), aunque disminuyó entre 2019 y 2021 (Eurostat, 2022).

Los resultados muestran un aumento significativo de solicitantes de asilo en la UE en 2015 y 2016, coincidiendo con la crisis de refugio en el Mediterráneo (Iglesias et al., 2016). A partir de 2017, la mayoría de los países experimentaron una disminución en las solicitudes, probablemente debido a las dificultades en la gestión de la llegada de personas en busca de asilo. En 2020, las restricciones de movilidad redujeron aún más el número de solicitudes, pero estas aumentaron nuevamente en 2021 cuando se flexibilizaron los confinamientos. Las políticas de la UE han influido en los flujos de llegada de refugiados y en los procesos de asimilación e integración, a lo que se sumó la crisis provocada por la pandemia (Pumares et al., 2021).

Desde 2015 y especialmente durante la COVID-19, se han intensificado estos problemas y las medidas de atención siguen enfocadas en controlar los flujos migratorios, lo que dificulta el acceso a derechos civiles, políticos y sociales esenciales como la salud, vivienda y empleo. La cronificación de este problema agrava las precariedades socioeconómicas, jurídicas y legales que enfrentan estas personas, a las que se sumó el riesgo de contraer la COVID-19 (López y De Lucas 2018, Ikotun et al., 2021). García-Juan (2021), destaca que las limitaciones en el acceso a derechos fundamentales generan una doble vulnerabilidad para las personas refugiadas: La exclusión del sistema de protección internacional y la mayor exposición a riesgos sanitarios y sociales, especialmente durante la pandemia.

Desde 2015, la falta de vías legales seguras ha agravado los problemas de las personas refugiadas, especialmente durante la COVID-19. Las políticas migratorias se centran en controlar los flujos, lo que dificulta el acceso a derechos fundamentales como salud, vivienda y empleo. Esta situación aumenta las precariedades socioeconómicas, jurídicas y legales, además del riesgo de contagiarse con la COVID-19. Según García-Juan (2021), las limitaciones en el acceso a derechos crean una doble vulnerabilidad, excluyendo a estas personas del sistema de protección internacional y exponiéndolas a mayores riesgos sanitarios y sociales.

Las personas en situación de refugio están expuestas a graves riesgos para sus vidas y salud, incluyendo el tráfico de personas, especialmente durante la pandemia (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2021). Además, la pandemia aumentó los riesgos sanitarios (Iglesias et al., 2016). La OIM (2020), advirtió que las medidas contra el coronavirus afectaron a los migrantes globalmente, con el cierre de fronteras, incrementando el tráfico clandestino y los riesgos de vulneración de derechos humanos de las personas en movimiento.

La UE tiende a externalizar el problema de los refugiados, delegando en los países de tránsito y fronterizos la responsabilidad del control de flujos, lo que resulta en condiciones infrahumanas en campos de refugiados (Estrada y Fuentes, 2020; Rodríguez-García-de-Cortázar et al., 2021). Y si se fija el foco entre las personas refugiadas, son los menores no acompañados y las mujeres, especialmente adolescentes y niñas, quienes están en mayor riesgo de violencia, abusos y explotación. Además, existe una infrarrepresentación de niñas y mujeres, influenciada por una perspectiva patriarcal de los datos. Muchas de ellas se pierden en el camino, ya sea por asesinato o al ser capturadas por redes de trata (Aguilar, 2020).

Conclusiones

Europa es un destino de recepción de flujos migratorios que ha experimentado un incremento importante en los últimos años, principalmente en los países de la UE en búsqueda de protección internacional. El aumento progresivo de los flujos migratorios venía tensionando las fronteras de la UE, dificultando la gestión y generando nuevos retos. Con la pandemia y las restricciones para controlarla a través de las diferentes estrategias de la UE y de sus países miembros, se han generado nuevos efectos negativos para el acceso de personas refugiadas y la gestión de solicitantes de asilo.

Así, las normativas aplicadas al conjunto de la población para detener la pandemia en el espacio europeo han afectado de forma negativa a la población desplazada en situación de búsqueda de asilo y refugio. De este modo, se han puesto de manifiesto las contradicciones de los sistemas jurídicos, de fronteras y garantía de derechos de la Unión Europea, destinados a facilitar la protección de las personas solicitantes de asilo y refugio, incluso en la situación de crisis por la pandemia COVID-19, como especifica la normativa europea.

La evolución de las solicitudes de primer asilo en la UE muestra un descenso en 2020, con el inicio de la pandemia, provocadas las dificultades de movilidad por el territorio europeo, así como las restricciones legales y administrativas por las medidas de confinamiento. En el año 2021 aumentaron las solicitudes al volver a permitirse la movilidad, siendo Alemania el principal país elegido para realizar las solicitudes, destacando a su vez la llegada de personas a países del Mediterráneo.

Las resoluciones positivas disminuyeron en el año 2021, destacando las vinculadas con la Convención de Ginebra, que procura un estatus con la mayor protección respecto a otras resoluciones, procurando la garantía a las personas de no ser devueltas a su país, así como el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aumentaron las resoluciones negativas, dejando a un gran número de personas sin acceso al sistema de protección internacional.

Las personas que llegan a los países de la Unión Europea provienen de contextos de conflicto bélico, como Siria y Afganistán, así como de Venezuela y de Colombia, que atraviesan una grave crisis económica y política. En este contexto, la situación de quienes buscan asilo y refugio se caracteriza por una alta vulnerabilidad, a la que se suman factores adicionales relacionados con el género, con un incremento en el número de mujeres y menores no acompañados, a pesar de la crisis sanitaria. No obstante, la mayoría de las solicitudes de asilo siguen siendo de hombres en el rango de edad de 18 a 34 años.

Este trabajo muestra la necesidad de la protección de las personas refugiadas de acorde con el reconocimiento internacional de sus derechos, sin que se crucen cuestiones estratégicas donde se enlazan intereses geopolíticos con el diseño y alcance de los sistemas de protección social y el reconocimiento de derechos, bases estructurales e ideológicas de los Estados de bienestar.

Referencias bibliográficas

Aguilar, P. (2020). Los Menores Extranjeros no acompañados desde los derechos humanos y la globalización [Tesis de pregrado, Universidad de Jaén]. https://crea.ujaen.es/items/c34f0852-c033-4751-b791-d4af958ab4c8

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR (2020). Tendencias globales de desesplazamiento forzado en 2020. ACNUR. https://www.acnur.org/60cbddfd4

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR (2021). Normas procedimentales para determinar la condición de refugiado bajo el mandato de ACNUR. ACNUR. https://www.acnur.org/es-es/normas-procedimentales-para-determinar-la-condicion-de-refugiado-bajo-el-mandato-del-acnur

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR (2022). Respuesta a tu solicitud de asilo. Ayuda España. https://help.unhcr.org/spain/solicitar-asilo-en-espana/respuesta-a-tu-solicitud-de-asilo/

Asamblea General de las Naciones Unidas (2018). Proyecto de documento final de la Conferencia, Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. A/CONF.231/3. Naciones Unidas. https://www.refworld.org.es/pdfid/5c0eac944.pdf

Avila, M., Rangel, L., y Jiménez, L. E. (2024). Vulnerabilidad social y su evaluación en México a partir de un índice compuesto. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXX(E-9), 589-602. https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42338

Bassiouni, C., Rothenberg, D., Higonnet, E., Farenga, C., y Invictus, A. S. (2010). Addressing International Human Trafficking in Women and Children for Commercial Sexual Exploitation in the 21st century. Revue Internationale de Droit Pénal, 81(3-4), 417-491. https://doi.org/10.3917/ridp.813.0417

Börzel, T. A. (2016). From EU governance of crisis to crisis of EU governance: Regulatory failure, redistributive conflict and Eurosceptic publics. Journal of Common Market Studies, 54(S-1), 8-31. https://doi.org/10.1111/jcms.12431

Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR (2020). Informe 2020: Las personas refugiadas en España y Europa. CEAR. https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Anual_CEAR_2020_.pdf

Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR (2021). Informe 2021: Las personas refugiadas en España y Europa. CEAR. https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Anual-CEAR-2021.pdf

Comisión Europea (2020a). Comunicación 2020/C 126/02 de la Comisión. COVID-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento. Diario Oficial de la Unión Europea, C 126, 12-24. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2020-70034

Comisión Europea (2020b). Documento 52020DC0115. Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo. COVID-19: Restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, COM(2020) 115 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020DC0115

Consejo de la Unión Europea (2021). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo(7128/21), 48. Relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (certificado verde digital). https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7128-2021-INIT/es/pdf

Cuevas, P. F., Kaan, I., Twose, A., y Çelik, Ç. (2019). Vulnerability and protection of refugees in Turkey: Findings from the rollout of the largest humanitarian cash assistance program in the world. The World Bank & World Food Programme. https://documents1.worldbank.org/curated/en/298891560175692951/pdf/Vulnerability-and-Protection-of-Refugees-in-Turkey-Findings-from-the-Rollout-of-the-Largest-Humanitarian-Cash-Assistance-Program-in-the-World.pdf

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) No. 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. 29 de abril de 2004. Diario Oficial de la Unión Europea, L 229.

Dubey, S., Biswas, P., Ghosh, R., Chatterjee, S., Dubey, M. J., Chatterjee, S., Lahiri, D., y Lavie, C. J. (2020). Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome, 14(5), 779-788. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035

Durán, S. E., Pérez, A., Barrera, A., y De la Cruz, M. (2024). Barreras percibidas por los migrantes venezolanos en el proceso de regularización en Colombia. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXX(2), 191-206. https://doi.org/10.31876/rcs.v30i2.41899

Estrada, A. B., y Fuentes, M. C. (2020). La construcción de las fronteras europeas como origen de la criminalización de las migraciones en Europa: Retóricas de securitización y humanitarismo. REMHUN. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 28(59), 217-234. https://doi.org/10.1590/1980-85852503880005913

European Anti Poverty Network - EAPN (2021). 11 Informe 2021. El estado de la pobreza: Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en españa 2008-2020. EAPN. https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2021-contexto-nacional.pdf

Eurostat (2022). Asylum and managed migration statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_decisions_-_annual_statistics

García-Juan, L. (2021). The disruptive regularisation mechanism in the Spanish law that challenges the reform of the common European asylum system. Migraciones, (51), 31-60. https://doi.org/10.14422/mig.i51y2021.002

Guillén, J. C., Menéndez, F. G., y Moreira, T. K. (2019). Migración: Como fenómeno social vulnerable y salvaguarda de los derechos humanos. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXV(E-1), 281-294. https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29619

Herranz, C. (2015). Género, inmigración y discriminación múltiple: Un enfoque interseccional de las políticas públicas españolas. Revista Jurídica, (32), 239-247. https://vlex.es/vid/genero-inmigracion-discriminacion-multiple-632168501

İçduygu, A. (2020). Stranded irregular migrant workers during the COVID-19 crisis: The question of repatriation. COVID-19 and the transformation of migration and mobility globally. IOM UN Immigration. https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/03/203BEA1-1.pdf

Iglesias, J., Fanjul, G., y Manzanedo, C. (2016). La crisis de los refugiados en Europa. En A. Blanco y A. Chuieca (Eds.), Informe España 2016 (pp. 137-181). Universidad Pontificia de Comillas.

Ikotun, O., Akhigbe, A., y Okunade, S. (2021). Sustainability of Borders in a Post-COVID-19 World. Politikon, 48(2), 297-311. https://doi.org/10.1080/02589346.2021.1913804

López, A., y De Lucas, F. (2018). Crisis de refugio en Europa: Barreras a la intervención social. En E. Pastor y M. L. Cabello (Ed.), Retos y desafíos del trabajo social en el siglo XXI: una perspectiva internacional comparada México-España (pp.121-134). Dykinson

Luna-Nemecio, J. (2020). Notas de actualidad. Determinaciones socioambientales del COVID-19 y vulnerabilidad económica, espacial y sanitario-institucional. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(2), 21-26. https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32419

Ministerio del Interior de España (2013). Protección internacional. Ministerio del Interior. https://www.interior.gob.es/opencms/gl/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones/publicaciones-descargables/proteccion-internacional/

Organización Internacional para las Migraciones - OIM (2020). Informe sobre las migraciones en el mundo 2020. OIM. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf

Paul, T. J., De Bruin, M., y Taylor, T. A. (2020). Recasting social workers as frontline in a socially accountable COVID-19 response. International Social Work, 63(6), 786-789 https://doi.org/10.1177/0020872820949623

Pérez, J., Dorado, A., Rodríguez-Brioso, M., y López, J. (2020). Resiliencia para la promoción de la salud en la crisis Covid-19 en España. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(4), 52-63. https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34649

Pizarro, R. (2001). La vulnerabilidad social y sus desafíos: Una mirada desde América Latina. Naciones Unidas, CEPAL. https://digitallibrary.un.org/record/440991?ln=es&v=pdf

Pumares, P., Ríos-Marín, A. M., y López-Mora, C. (2021). La irrupción de la COVID-19 en el sistema de asilo en España: Almería como caso de estudio. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (129), 203-225. https://doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.203

Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de la Unión Europea sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia. 13 de octubre de 2020. L 337, 3-9.

Rodríguez-García-de-Cortázar, A., Leralta-Pinán, O., Jiménez-Pernett, J., y Ruiz-Azarola, A. (2021). COVID-9 en migrantes y minorías étnicas. Gaceta Sanitaria 35(5), 499-501. https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.002

 Ruiz, N. (2012). La definición y medición de la vulnerabilidad social. Un enfoque normativo. Investigaciones Geográficas, (77), 63-74. https://doi.org/10.14350/rig.31016

Salamanca, E. L., y Egea, C. (2018). Vulnerabilidad social de la población desterrada. Más allá del goce efectivo de derechos. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXIV(4), 38-56. https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24908

Spiritus-Beerden, E., Verelst, A., Devlieger, I., Langer-Primdahl, N., Botelho, F., Chiarenza, A., De Maesschalck, S., Durbeej, N., Garrido, R., Gaspar, M., Ioannidi, E., Murphy, R., Oulahal, R., Osman, F., Padilla, B., Paloma, V., Shehadeh, A., Sturm, G., Van den Muijsenbergh, M.,... Derluyn, I. (2021). Mental health of refugees and migrants during the COVID-19 pandemic: The role of experienced discrimination and daily stressors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6354. https://doi.org/10.3390/ijerph18126354

Uceda, M. (2022). La construcción de muros y blindaje de fronteras de la Unión Europea ante la crisis de los refugiados. Revista de Estudios Europeos, (79), 210-226. https://doi.org/10.24197/ree.79.2022.210-226

United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2021). Global Report on Trafficking in Persons 2020. UNODC. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

Valdés, M. (2021). Vulnerabilidad social: Genealogía del concepto. Gazeta de Antropología, 37(1), 1. http://www.gazeta-antropologia.es/?p=5463

Vettorasi, A., y Amorim, O. (2021). Refugiados ambientais: Reflexões sobre o conceito e os desafios contemporâneos. Revista de Estudios Sociales, (76), 24-40. https://doi.org/10.7440/res76.2021.03

Vonen, H. D., Olsen, M. L., Eriksen, S. S., Jervelund, S. S., y Eikemo, T. A. (2020). Refugee camps and COVID-19: Can we prevent a humanitarian crisis? Scandinavian Journal of Public Health, 49(1), 27-28. https://doi.org/10.1177/1403494820934952

Zetter, R., y Rauaudel, H. (2018). El derecho de los refugiados al trabajo y al acceso a los mercados laborales: Limitaciones, retos y caminos a seguir. Revista Migraciones Forzadas, 58, 4-7. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/79448/1/RMF_58_01.pdf