Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXXI, No. Especial 12, Julio-Diciembre 2025. pp. 626-642

FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Como citar: Luna, I. F., Manjarrés, A. E., De La Hoz, A.I., y Salazar, A. J. (2025). Gestión presupuestal y políticas sociales en la Costa Caribe colombiana en el marco de la Agenda 2030. Revista De Ciencias Sociales, XXXI(Especial 12), 626-642.

Gestión presupuestal y políticas sociales en la Costa Caribe colombiana en el marco de la Agenda 2030*

Luna Morán, Ismael Felipe**

Manjarrés Tete, Arleth Esther***

De La Hoz Suárez, Aminta Isabel****

Salazar García, Alfredo José*****

Resumen

La investigación tiene como objetivo analizar la política social del Estado colombiano sobre la Agenda 2030 asociada a la gestión presupuestal de la Costa Caribe. La investigación es de carácter mixto con enfoque analítico-cuantitativo. El trabajo se realizó con población documental extraída de la plataforma Consolidador de Hacienda y Crédito Público, página web departamental y Departamento Nacional de Planeación, por tanto, se realizó una revisión de informes de ejecución presupuestal disponibles para el periodo 2018-2021 en cada departamento que conforma la región Caribe Colombiana y, además, de informes de avances de Objetivos de Desarrollo en el país. Como resultado se tiene que la financiación del presupuesto público en la Costa Caribe colombiana se gestiona a través de impuestos departamentales y los recursos se priorizan hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar; 4, Educación de calidad; y, 11, Ciudades y comunidades sostenibles, restándole importancia a los demás. Se concluye que la inversión pública orientada estratégicamente permite avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en regiones con alta vulnerabilidad, como la Costa Caribe colombiana. Las políticas en educación, salud y saneamiento reflejan un uso dirigido del presupuesto que responde a las metas de la Agenda 2030.

Palabras clave: Costa Caribe Colombiana; ejecución presupuestal; Objetivos de Desarrollo Sostenible; políticas de Estado; recaudo de impuesto departamentales.

*        Corresponde a resultados del Proyecto de Investigación: “Gestión Presupuestal Territorial y el desarrollo sostenible de la Costa Caribe colombiana para las vigencias ٢٠١٨-٢٠٢١”. Investigación en conjunto entre la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Santa Marta y la Universidad de Cartagena, Colombia.

**      Magister en Administración de Negocios. Especialista en Dirección Financiera. Especialista en Contabilidad de Costos. Contador Público. Profesor Investigador Miembro de los grupos de investigación Cace en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, Magdalena, Colombia. E-mail: ismael.luna@campusucc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1164-2207

***    Doctoranda en Ciencias Económicas en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Magíster en Planeación para el Desarrollo. Contador Público. Profesora Investigadora Miembro del Grupo de Investigación Cace y Umbrales en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, Magdalena, Colombia. E-mail: arleth.manjarrest@campusucc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7758-1646

****  Doctora en Ciencias Gerenciales. Postdoctorado en Gerencia de las Organizaciones. Magister en Gerencia de Empresas, mención Gerencia de Operaciones. Contador Público. Docente Tiempo Completo y Miembro del Grupo de Investigación en Contabilidad, Interés Público y Bienestar Social (GICIB) en la Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia. E-mail: adelahozs@unicartagena.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6230-8869

***** Magister en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialista en Gerencia Financiera. Contador Público. Profesor Investigador del programa de Contaduría Pública y Miembro del Grupo de Investigación Ciencias Económicas y Empresariales (GICEE) en la Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia. E-mail: alfredo.salazar@unipamplona.edu.co ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0322-2808

Recibido: ٢٠٢٥-٠٤-١٨ • Aceptado: ٢٠٢٥-٠٧-٠٥

Budget management and social policies on the Colombian Caribbean Coast within the framework of the 2030 Agenda

Abstract

This research aims to analyze the Colombian State’s social policy regarding the 2030 Agenda associated with budget management in the Caribbean Coast. The research is of a mixed nature, with an analytical and quantitative approach. The work was conducted with documentary data extracted from the Treasury and Public Credit Consolidator platform, the departmental website, and the National Planning Department. Therefore, a review was conducted of budget execution reports available for the 2018-2021 period in each department that makes up the Colombian Caribbean region, as well as progress reports on the country’s Sustainable Development Goals. The result is that public budget financing in the Colombian Caribbean Coast is managed through departmental taxes, and resources are prioritized toward achieving Sustainable Development Goals 3, Good Health and Well-being; 4, Quality Education; and 11, Sustainable Cities and Communities, with less importance given to the others. The conclusion is that strategically targeted public investment enables progress toward the Sustainable Development Goals in highly vulnerable regions, such as the Colombian Caribbean Coast. Policies in education, health, and sanitation reflect a targeted use of the budget that meets the goals of the 2030 Agenda.

Keywords: Colombian Caribbean Coast; budget execution; Sustainable Development Goals; state policies; departmental tax collection.

Introducción

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan ambicioso que busca transformar el mundo mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS de aquí en adelante). Tal como manifiesta Sachs (2008), la tarea de promover el desarrollo a nivel mundial viene desde Naciones Unidas con la intención de alcanzar “un mundo más seguro y democrático”.

Es así como estos objetivos abordan temas cruciales como la erradicación de la pobreza y el hambre, la promoción de la educación, la igualdad de género, la salud y el bienestar, así como la protección del medio ambiente. En este sentido, la Agenda no solo establece metas globales, sino que también subraya la importancia de adoptar un enfoque inclusivo y sostenible que garantice una vida digna para todos, reconociendo la interconexión entre el desarrollo social, económico y ambiental.

Contextualizando en Colombia, la implementación de la Agenda 2030 ha impulsado un llamado a la acción en todos los niveles de Gobierno para enfrentar las desigualdades históricas y estructurales que han afectado a diversas regiones del país. Por esta razón, los planes de gobierno consideran las metas de la Agenda 2030, como es el caso del período presidencial de Iván Duque, donde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018), asocia ODS prioritarios a trabajar en la Costa Caribe colombiana, sobre todo al considerar los niveles de pobreza, la infraestructura en transporte, comunicaciones y energía, así como la accesibilidad a agua potable, entre otras carencias básicas, tal como se aprecia en la siguiente Ilustración (ver Figura I).

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2017; 2018); Bonet y Ricciulli (2018); y, DNP (2018).

Figura I: Objetivos y Metas - PND 2018-2022 de la Costa Caribe Colombiana

Con base en lo descrito, la Costa Caribe, en particular, enfrenta desafíos significativos como altos índices de pobreza, desempleo y una infraestructura deficiente. A pesar de su riqueza en recursos naturales y diversidad cultural, esta región ha sido históricamente marginada, con su desarrollo obstaculizado por problemas como la corrupción, la ineficiencia administrativa y la falta de inversiones sostenibles. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2021), las tasas de pobreza multidimensional en esta área son bastante altas, lo que plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas y su alineación con los ODS.

Por lo anterior, la gestión presupuestal se convierte en una herramienta clave para alcanzar los ODS, puesto que una asignación adecuada de recursos es esencial para transformar la política social en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, las inversiones públicas en áreas críticas como educación, salud y saneamiento, son insuficientes y desiguales. Muchos proyectos destinados a mejorar la infraestructura educativa y sanitaria carecen de los fondos necesarios, y los programas sociales que podrían aliviar la pobreza a menudo son fragmentarios y poco coordinados. Esto resulta en problemas persistentes, como la falta de acceso a servicios básicos y el deterioro de la infraestructura.

Asimismo, es fundamental considerar el contexto social y político de la región, donde factores como el conflicto armado y la migración han agravado las desigualdades existentes. La Costa Caribe, que ha sido un punto focal de desplazamiento forzado, enfrenta el reto de integrar a poblaciones que requieren atención especial en términos de servicios y oportunidades. Esto resalta la necesidad de un enfoque integral y sostenible que priorice el desarrollo humano y social, en el sentido de que la inversión social se vuelve importante en los territorios porque se traduce en mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos (Manjarres et al., 2024).

Por tal motivo, el presente estudio se centra en analizar la política social del Estado colombiano sobre la Agenda 2030 asociada a la gestión presupuestal de la Costa Caribe, entendiendo que según lo esbozado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 a 2022, el Plan Plurinacional de Inversiones (PPI) a nivel nacional revela $1.096 billones, destacándose para la región Caribe colombiana $183 billones para atender los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

En efecto, abordar la política social del Estado colombiano sobre la Agenda 2030 asociada a la gestión presupuestal de la Costa Caribe es medular en este estudio para entender la relación histórica de las vivencias de sus pobladores y las maneras de resarcir los problemas de dignificación humana y los progresos en esta materia de verlos reflejado, o en contraposición la demostración de mantenerse en términos reales la estigmatización de que la Costa Caribe colombiana mantiene el liderato en pobreza según datos históricos que aún no se revierten y que impactan en el desarrollo sostenible deseable y esperado.

Por consiguiente, se examinan datos de la Plataforma Consolidador de Hacienda y Crédito Público (CHIP), particularmente los informes de ejecución presupuestaria para las vigencias 2018 a 2021, dado que las cifras solo están disponibles hasta este periodo de tiempo, así como informes sobre los avances en la implementación de los ODS en Colombia, adicionalmente, se realiza la interacción con funcionarios de las oficinas de renta y presupuesto de cada gobernación departamental de la zona objeto de estudio.

1. Política social, gestión presupuestal y desigualdad en la Costa Caribe colombiana

A partir de lo señalado por Parra (2018), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2015, establece un marco global que busca abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales más apremiantes a nivel mundial. Este enfoque se articula a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que no solo son una hoja de ruta para los países, sino también una invitación a la acción colectiva hacia un futuro más inclusivo y sostenible.

En este contexto, regiones como la Costa Caribe colombiana adquieren especial relevancia, dado que enfrentan serias problemáticas estructurales reflejadas en elevados índices de pobreza (PNUD, 2021), desigualdad persistente y limitaciones en áreas clave como salud, educación e infraestructura básica. Por ello, el cumplimiento de los ODS en esta zona representa no solo un compromiso con la equidad territorial, sino también una oportunidad de transformación social profunda.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2021), la pobreza multidimensional en esta región se sitúa por encima del 40% de su población. Este tipo de pobreza no solo se mide en términos de ingresos, sino también considera las privaciones en áreas críticas como la salud, la educación y las condiciones de vida, lo que refleja una realidad compleja y multifacética.

Como se detalla a continuación, el departamento de La Guajira es uno de los ejemplos más significativos de esta crisis, presentando uno de los índices de pobreza más altos del país, con aproximadamente el 62% de su población viviendo en condiciones de pobreza multidimensional (DANE, 2021).

Por otra parte, el departamento del Atlántico, a pesar de ser considerado uno de los más prósperos de la región, también presenta desafíos significativos en términos de desigualdad. Aunque su tasa de pobreza es considerablemente más baja que la de La Guajira, con un 25,3% de la población en situación de pobreza multidimensional (DANE, 2021), apreciándose que la desigualdad en este departamento es notable porque la ciudad de Barranquilla, siendo un centro económico de la región, convive con barrios en condiciones de vulnerabilidad extrema, donde el acceso a servicios de salud, educación de calidad y empleo digno es limitado.

Considerando lo anterior, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019) enfatiza que la reducción de la pobreza en Colombia no puede lograrse sin un enfoque específico en las regiones más vulnerables. Este llamado a la acción resalta la necesidad urgente de políticas públicas efectivas que no solo se enfoquen en la provisión de recursos, sino que también aborden las causas estructurales de la pobreza, por lo que la implementación de programas que prioricen el acceso a servicios básicos, la educación y el desarrollo de infraestructuras, es crucial para mejorar las condiciones de vida de la población más afectada.

Además, la desigualdad en la Costa Caribe colombiana se ve exacerbada por factores como el cambio climático y el conflicto armado, que han tenido un impacto desproporcionado en las comunidades más vulnerables. Según el PNUD (2020), en el Informe de Desarrollo Humano, los efectos del cambio climático, como la sequía y el aumento del nivel del mar, han intensificado la vulnerabilidad económica y social de las comunidades costeras, muchas de las cuales ya enfrentaban dificultades antes de la crisis climática.

Es así como la política social en Colombia ha sido un reflejo de las complejas realidades sociales y económicas que enfrenta la población. A lo largo de las décadas, ha evolucionado para responder a diversas crisis, desde la violencia y el conflicto armado hasta desastres naturales y crisis económicas. Sin embargo, a pesar de estos avances, la implementación de estas políticas sigue siendo un desafío significativo. Como señala Pastor (2012), la eficacia y eficiencia de las Políticas Sociales se mide para implantar procesos e instrumentos de interacción adecuados entre actores sociales que permitan alcanzar compromisos y consensos satisfactorios de todos los implicados en el diseño y/o gestión de políticas en un determinado nivel territorial.

En este contexto, la gestión presupuestal se erige como un componente esencial para alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 2030. La correcta planificación y ejecución del presupuesto público es fundamental para garantizar que los recursos se destinen a los sectores más críticos, como la educación, la salud y el acceso a servicios básicos. Sin embargo, la realidad actual muestra que las inversiones en estos sectores son frecuentemente insuficientes y desiguales.

Lo normado hace ver la necesidad de gestionar el gasto público, por ejemplo, la Ley 1474 de 2011 establece principios para la gestión del gasto público en Colombia, buscando promover la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la asignación de recursos. Pero, la implementación de esta ley ha sido desigual en las diferentes regiones del país, puesto que las zonas más afectadas por la pobreza, como la Costa Caribe, a menudo reciben menos atención y recursos en comparación con regiones más prósperas. Esta disparidad en la distribución de recursos subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de asignación presupuestaria.

Uno de los problemas críticos en la gestión presupuestal es la falta de coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno. La escasa interacción entre el gobierno central y las administraciones locales puede llevar a la duplicación de esfuerzos y a la ineficiencia en el uso de recursos. Según Jaramillo (2010), hablar de políticas públicas es referirse a las decisiones del gobierno que incorporan la opinión, participación, corresponsabilidad y el uso de recursos económicos de los ciudadanos en su calidad de electores y contribuyentes.

Bajo esta perspectiva, disminuye el protagonismo gubernamental, aumenta el peso de los individuos y de sus organizaciones y se abren formas nuevas de diseño y gestión, singulares, descentralizadas, corresponsales, subsidiarias y solidarias, con las que Gobierno y sociedad enfrentan en conjunto los problemas colectivos. Esta falta de coordinación puede generar confusiones en la ejecución de programas, así como dificultades para medir su efectividad. La ausencia de un marco de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno puede resultar en que las comunidades más necesitadas no reciban el apoyo adecuado.

Además, la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas es fundamental para garantizar que las inversiones respondan a las verdaderas necesidades de la población. Según Díaz (2017); y, Contreras y Montecinos (2019), la participación ciudadana en las políticas públicas ha sobrevivido a intentos fallidos y se continúa prescribiendo, estimulando y fortaleciendo el por qué en la democracia, los gobiernos no deben actuar de manera unilateral y aislada. Están obligados a rendir cuentas y a permitir, salvo en situaciones excepcionales de seguridad nacional o de desastres naturales, que los ciudadanos (ya sea de manera individual u organizada) participen en la formulación, desarrollo y escrutinio de las políticas.

Al respecto, la política social en Colombia requiere de una revisión crítica y un enfoque renovado en la gestión presupuestal. La asignación eficiente y equitativa de recursos es fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, es esencial mejorar la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, fomentar la participación ciudadana y asegurar que las inversiones se dirijan a los sectores que más lo necesitan. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se podrán superar las limitaciones actuales y avanzar hacia una política social más efectiva y sostenible.

Por eso, para Manzanares (2020) una política pública es un plan para alcanzar objetivos de interés colectivo que normalmente se desprende de la agenda pública que guía la gestión gubernamental. De esta manera, lograr cada uno de los ODS implica el diseño de políticas públicas que tomen en cuenta la relación recíproca entre las dimensiones del desarrollo sostenible.

2. Metodología

El enfoque metodológico de esta investigación es de tipo cuantitativo y se basa en un diseño de campo con nivel descriptivo y analítico. En este particular, se explora la gestión presupuestal y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Costa Caribe colombiana en virtud de ejercer en la población de la zona de influencias las políticas sociales delineadas, proporcionando una visión clara de cómo las políticas públicas y las inversiones impactan en el desarrollo social y económico de la región.

La población objeto de estudio está compuesta por análisis de datos numéricos que se encuentran en los informes de ejecución presupuestal para los períodos 2018 a 2021, alojados en la Plataforma Consolidador de Hacienda y Crédito Público de Colombia (CHIP), data que solo está disponible hasta este periodo de tiempo, en conjunto con los informes de avances de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia para determinar cómo van las cifras e impactos en materias de estas metas de la Agenda 2030 según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las gobernaciones departamentales, datos disponibles en el consolidar de hacienda pública CHIP solo hasta el año 2021.

Aunado a lo anterior, se toma este cuatrienio como referencia de análisis, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, titulado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (DNP, 2018), establece una hoja de ruta enfocada en cerrar brechas sociales y económicas en el país. En este marco, se identifican Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como prioritarios en regiones que enfrentan mayores desafíos estructurales, como es el caso de la Costa Caribe colombiana.

Esta zona del país ha sido históricamente afectada por elevados índices de pobreza, así como por limitaciones en su infraestructura básica, particularmente en lo relacionado con el transporte, la conectividad digital y el acceso a fuentes confiables de energía. Por ello, el Plan impulsa intervenciones estratégicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población caribeña, fortaleciendo su integración al desarrollo nacional y contribuyendo al cumplimiento de metas globales en materia de sostenibilidad, equidad e inclusión.

3. Resultados y discusión

La financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia es prioridad del Gobierno Nacional a partir de lo establecido en el Documento CONPES 3918 (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2018), mediante el cual se crea la estrategia a seguir por parte de los entes gubernamentales para el cumplimiento de las metas asociadas a ello. En el estudio se ha identificado que, en Colombia, la financiación de estos se focaliza hacia la Educación, el agua potable, la energía eléctrica y la vivienda; tal como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Distribución fuente de financiación Agenda 2030 en Colombia

SECTOR	ODS	INDICADOR NACIONAL	COSTO FINANCIERO	METAS
Educación	4 Educación de calidad	Tasa de cobertura en educación Superior (%)	65,6 billones de pesos	PGN: 86,17% SGP: 13,70% ET: 0,13%
Servicios públicos	6 Agua limpia y saneamiento	Tasa de acceso a agua potable (%)	18,70 billones de pesos	PGN: 22,00% SGP: 45,50% ET:25,50% SGR: 5,9% CI: 1,1%
Servicios públicos	7 Energías renovables	Tasa de cobertura Energía Eléctrica (%)	6,14 billones de pesos	PGN: 92,90% SGP: 0,50% ET:4,6% SGR: 2,0%
Vivienda	11 Ciudades y comunidades sostenibles	Tasa de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda (%)	17,75 billones de pesos	PGN: 71.40% SGP: 3,80% ET:20,10% SGR: 4,70%

Nota: PGN: Presupuesto General de la Nación; SGP: Sistema General de Participaciones; ET: Entidad Territorial; SGR: Sistema General de Regalías; CI: Cooperación Internacional.

Fuente: Elaboración propia, 2024 adaptado del Documento CONPES 3918 (CONPES, 2018).

Al analizar el Cuadro 1, se evidencia que una de las 4 fuentes de financiación de la Agenda 2030 para Colombia está contemplada con los recursos de los entes territoriales, por lo que es pertinente hacer un análisis de los presupuestos ejecutados por las gobernaciones durante el primer periodo posterior al acuerdo de la Agenda 2020, que para el caso en Colombia, correspondería al periodo 2018-2021 en línea con el Plan de Gobierno Nacional que tiene en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos durante la Cumbre de las Naciones Unidas en el año 2015.

La Tabla 1, presenta un resumen agrupado por los departamentos que conforman la Costa Caribe colombiana y en el cual se refleja la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el cuatrienio 2018 a 2021.

Tabla 1

Ejecución presupuestal Gastos de Inversión Región Caribe Colombiana, periodo 2018-2021. Cifra en millones de peso

	VALORES TOTALES POR DEPARTAMENTOS CUATRENIO 2018 A 2021							TOTAL COSTA CARIBE
	ATLANTICO	BOLIVAR	CESAR	CORDOBA	GUAJIRA	MAGDALENA	SUCRE
EDUCACIÓN	1.754,67	3.123,13	2.049,31	3.274,24	1.268,03	2.573,44	2.117,69	16.160,49
SALUD	791,85	480,65	257,03	306,72	161,90	370,60	202,52	2.571,26
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	191,19	92,20	37,74	93,52	116,04	149,64	48,21	728,56
DEPORTE Y RECREACIÓN	30,30	186,25	53,45	13,52	9,98	93,99	11 ,39	398,87
CULTURA	111,04	63,68	12,41	16,92	8,04	9,79		221,89
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	122,67	1,75	0,00	13,70	0,78	0,25	1,17	140,32
VIVIENDA	36,35	0,00	0,02	9,14	2,02	3,24	0,26	51,03
AGROPECUARIO	67,18	18,65	25,76	6,82	3,63	628,76	3,03	753,82
TRANSPORTE	290,85	118,05	111,31	95,52	37,30	627,41	109,52	1.389,96
AMBIENTAL	3,36	13,59	20,41	33,92	2,59	6,52	2,92	83,31
CENTROS DE RECLUSIÓN	2,55	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2,60
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	62,26	41,85	22,22	9,69	5,71	6,53	20,86	169,14
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	47,19	4,68	6,28	2,30	8,73	8,07	10,63	87,87
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	125,78	45,51	33,09	22,85	12,92	10,32	24,34	274,81
EQUIPAMIENTO	202,57	40,69	4,96	13,56	0,07	8,02	0,00	269,88
DESARROLLO COMUNITARIO	4,44	7,02	0,00	0,04	1,87	58,70	0,27	72,34
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	249,73	260,31	20,79	169,02	34,12	135,13	26,82	895,92
JUSTICIA Y SEGURIDAD	348,71	21,05	51,68	18,01	6,65	94,71	4,85	545,66
GASTOS ESPECÍFICOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,94	5,19	3.553,13

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de datos extraídos de Plataforma Consolidador Hacienda y Crédito Público.

El análisis de la Tabla 1, muestra una distribución significativa del gasto de inversión en la Costa Caribe durante el cuatrienio 2018-2021, donde el sector de educación representa la mayor asignación, con un total de $16.160,49 millones, reflejando una prioridad en la formación y desarrollo humano en la región. En contraste, salud y agua potable y saneamiento, muestran cifras considerablemente más bajas, indicando una posible necesidad de atención en estos sectores críticos.

La inversión en cultura es limitada $241,75 millones, por lo que sugiere una financiación en áreas que pueden fortalecer la identidad y cohesión social. Los gastos en transporte $1.389,96 millones y fortalecimiento institucional $895,92 millones también son destacados, lo que puede indicar un enfoque en mejorar la infraestructura y la capacidad del gobierno local. Sin embargo, los valores más bajos en áreas como deporte y recreación, vivienda y centros de reclusión, ponen de manifiesto posibles desbalances en la atención a diversas necesidades sociales.

El análisis general pone en evidencia la urgencia de replantear las prioridades de inversión pública, con miras a alcanzar un desarrollo más justo y sostenible en las distintas regiones del país. En este contexto, es fundamental comprender que en Colombia las políticas públicas no son decisiones arbitrarias, sino que se construyen dentro de un marco normativo que justifica su existencia y orienta su implementación.

En el caso colombiano las políticas públicas están diseñadas para generar transformaciones positivas en la calidad de vida de la población, mediante acciones directas del Estado. Por esta razón, resulta indispensable articular estas políticas con el presupuesto público y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este vínculo entre decisiones políticas, recursos financieros y metas globales permite comprender cómo contribuyen de manera conjunta al cumplimiento de la Agenda 2030.

Los recursos asignados a cada sector por cada una de las gobernaciones departamentales obedecen a políticas sociales establecidas en Colombia, dado que toda actuación gubernamental debe estar normada, partiendo desde la Constitución Política de Colombia 1991. A continuación, el Cuadro 2, presenta un normograma en términos de políticas sociales actuales implementadas en Colombia en línea al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cuadro 2

Normograma políticas sociales del Estado Colombiano

Política	Resumen	Normas de Creación
Más Familias en Acción	Programa de transferencias monetarias condicionadas para familias en situación de pobreza, enfocado en educación y salud.	Ley 1532 de 2012, Gobierno Nacional/ Decreto 1960 de 2023.
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	Iniciativa para promover el desarrollo rural integral y sostenible en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza.	Decreto ley 893 de 2017, Congreso de la República de Colombia/ Gobierno Nacional.
Política Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia	Estrategia del Gobierno Nacional enfocada en la atención y desarrollo integral de la primera infancia, promoviendo el acceso a educación, salud y nutrición.	Ley 1804 de 2016.
Plan Nacional de Desarrollo	Documento que establece las estrategias para el desarrollo sostenible del país, incluyendo educación, salud, y reducción de la pobreza.	Ley 1955 de 2019, Congreso de la República de Colombia.
Política de Equidad de Género	Estrategia para promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres en todos los sectores de la sociedad.	Documento CONPES 4080 (CONPES, 2022). Consejo Nacional de Política Económica y Social/ Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Más y mejores aprendizajes	Política que busca mejorar la calidad de la educación en Colombia, garantizando acceso y desarrollo de competencias en los estudiantes.	Ministerio Educación Nacional.
Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza	Iniciativa para coordinar acciones que busquen reducir la pobreza multidimensional a través de la promoción de la inclusión social y económica.	Documento CONPES 3918 de 2018, Consejo Nacional de Política Económica y Social/ Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Política Nacional de Salud Pública	Marco que guía las acciones para mejorar la salud de la población, priorizando el acceso a servicios básicos y la prevención de enfermedades.	Ley 1751 de 2015, Congreso de la República de Colombia/ Ministerio de Salud y Protección Social.
Estrategia de Desarrollo Sostenible	Enfoque integral que busca alinear el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, promoviendo la conservación de recursos naturales.	Documento CONPES 3918 de 2018, Consejo Nacional de Política Económica y Social/ Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El Cuadro 2, presenta las normas que regulan la implementación de políticas y programas diseñados para abordar desafíos sociales, económicos y ambientales en Colombia, en línea hacia el cumplimiento de metas asociadas a los ODS; tal como lo indica Tello (2019), las políticas públicas son líneas de acción determinadas por el Estado por medio de diversos recursos y mecanismos y que buscan resolver un problema que se ha identificado como de interés público; para el caso colombiano, se diseñaron políticas públicas que son de obligatorio cumplimiento para el alcance de metas de objetivo de desarrollo sostenible en el país.

Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que busca promover la inclusión, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, especialmente en poblaciones vulnerables. Programas como “Más Familias en Acción” y la “Política Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia”, se centran en el bienestar de las familias y los niños; mientras que el “Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial” busca revitalizar áreas afectadas por la violencia y la pobreza. Así mismo, la “Política de Equidad de Género” y la “Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza”, enfatizan la importancia de la igualdad y la inclusión social. En conjunto, estas políticas y programas constituyen un marco coherente para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del tejido social, abordando múltiples dimensiones del bienestar humano.

Dentro de la Agenda 2030 se priorizan aspectos como la calidad educativa, acceso a servicios de salud, reducción de la pobreza, hambre cero, cuidado al medio ambiente y equidad de género, siendo estos la base por la cual se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacia donde deben focalizarse los esfuerzos financieros de cada Gobierno en términos de inversión.

Los datos de gasto de inversión en la Costa Caribe entre 2018 y 2021 ofrecen una perspectiva crucial para evaluar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en esta región. La revisión de la ejecución presupuestal de gastos de inversión en la Costa Caribe colombiana, permitió identificar la gestión financiera realizada por cada gobierno departamental asociada a una política pública social y su vínculo con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, siendo la educación, la salud, agua potable y saneamiento básico, recreación y deporte, prevención y atención de desastres, atención a grupos vulnerables - promoción social, los aspectos que se destacaron dentro del análisis de ejecución presupuestal.

A nivel de la región Caribe Colombiana, durante el periodo estudiado, la mayor inversión presupuestal se realiza en Educación. La Tabla 2, muestra la ejecución presupuestal de gastos asociado a Educación, la política pública y el ODS que financia.

Tabla 2

Presupuesto asociado a Educación. Cifras en Millones de pesos.

Gasto de Inversión/ Política/ ODS	Atlántico	Bolívar		Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total, Costa Caribe
Educación	1.754,67	3.123,13		2.049,31	3.274,24	1.268,03	2.573,44	2.117,69	16.160,49
Política publica			Política de educación /familias en acción
ODS Asociado			ODS 4 Educación de Calidad

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de datos de ejecución presupuestal (Gobernación de Cesar, 2024; 2025; Gobernación del Atlántico, 2023; 2024a; 2024b).

La Tabla 2, evidencia que la inversión en educación es la más alta entre todas las categorías, con un total de 16.160,49 millones de pesos. Departamentos como Bolívar con 3.123,13 millones de pesos y Córdoba $3.274,24 millones de pesos, destacan por sus significativas asignaciones. Sin embargo, la variabilidad en la inversión puede generar desigualdades en la calidad educativa. Este gasto está directamente relacionado con el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva y de calidad. Es crucial que estas cifras no solo se traduzcan en infraestructura, sino también en recursos humanos y programas de calidad que fomenten un aprendizaje inclusivo y equitativo.

En el orden de ejecución presupuestal de gastos, le sigue el sector salud. La Tabla 3, muestra el presupuesto ejecutado asociado a Salud, la política pública y el ODS asociado.

Tabla 3

Presupuesto asociado a Salud. Cifras en Millones de pesos

Gasto de Inversión/ Política/ ODS	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total, Costa Caribe
Salud	791,85	480,65	257,03	306,72	161,90	370,60	202,52	2.571,26
Política publica	Política Nacional de Salud Pública; Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia
ODS Asociado	ODS 3 Salud y Bienestar

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de datos de ejecución presupuestal (Gobernación de Cesar, 2024; 2025; Gobernación del Atlántico, 2023; 2024a; 2024b).

En la Tabla 3, con un total de 2.571,26 millones de pesos; la inversión en salud también es importante, aunque inferior a la educación. Atlántico, lidera con 791,85 millones de pesos; y otros departamentos, como Bolívar con 480,65 millones de pesos, muestran asignaciones considerablemente más bajas. Esto sugiere una posible falta de acceso equitativo a servicios de salud, lo que podría afectar el bienestar de la población. Este gasto está vinculado al ODS 3, que promueve la salud y el bienestar para todos. Es fundamental realizar un seguimiento de cómo se distribuyen estos recursos y asegurar que se utilicen para fortalecer el sistema de salud integral.

El sector de agua potable y saneamiento básico, también ha sido financiado por los entes gubernamentales que hacen parte del territorio objeto de estudio. La Tabla 4, muestra la inversión presupuestal realizada en el periodo estudiado y su asociación con la política y el Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Tabla 4

Presupuesto asociado a Agua Potable y Saneamiento básico. Cifras millones de pesos años 2018 a 2021

Gasto de Inversión/ Política/ ODS	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total, Costa Caribe
Agua potable y Saneamiento	191,19	92,20	37,74	93,52	116,04	149,64	48,21	728,56
Política publica	Estrategias de Desarrollo sostenible
ODS Asociado	ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento Básico

Fuente: Elaboración propia, ٢٠٢٤ a partir de datos de ejecución presupuestal (Gobernación de Cesar, ٢٠٢٤; ٢٠٢٥; Gobernación del Atlántico, ٢٠٢٣; ٢٠٢٤a; ٢٠٢٤b).

En la Tabla 4, se evidencia la inversión en agua potable y saneamiento, con un total de 728,5 millones de pesos, siendo alarmantemente baja en relación con el sector salud y el sector educación. Por ejemplo, Atlántico recibió solo 191,19 millones de pesos. Dada la importancia de este recurso para la salud pública y el desarrollo sostenible, este gasto se relaciona con el ODS 6, que aboga por garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Es vital que se priorice en los presupuestos futuros, puesto que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial y su escasez puede tener graves repercusiones en la calidad de vida de la población.

La recreación y el deporte, también se tuvo en cuenta dentro de la financiación para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La Tabla 5, muestra la inversión presupuestal realizada en el periodo estudiado y su asociación con la política y el Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Tabla 5

Presupuesto asociado a Recreación y Deporte. Cifras en millones de pesos años 2018 a 2021

Gasto de Inversión/ Política/ ODS	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total, Costa Caribe
Recreación y Deporte	30,30	186,25	53,45	13,52	9,98	93,99	11,39	398,87
Política publica	Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
ODS Asociado	ODS 3 Salud y Bienestar

Fuente: Elaboración propia, ٢٠٢٤ a partir de datos de ejecución presupuestal (Gobernación de Cesar, ٢٠٢٤; ٢٠٢٥; Gobernación del Atlántico, ٢٠٢٣; ٢٠٢٤a; ٢٠٢٤b).

La asignación para deporte y recreación es de 398,87 millones de pesos, lo que representa un esfuerzo por promover el bienestar físico y social. Este gasto también se alinea con el ODS 3, que enfatiza la importancia de la salud y el bienestar. Sin embargo, considerando la importancia del deporte en la cohesión comunitaria y la salud mental, se podrían incrementar estos recursos para asegurar una participación más amplia de la comunidad.

Por otra parte, la prevención y atención a desastres también se priorizó en la región Caribe colombiana durante el periodo estudiado. La Tabla 6, muestra la inversión realizada.

Tabla 6

Presupuesto Asociado a Prevención y atención de Desastres. Cifras en miles de pesos años 2018 a 2021

Gasto de Inversión/ Política/ ODS	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total, Costa Caribe
Prevención y atención de desastres	62,26	41,85	22,22	9,69	5,71	6,53	20,86	169,14
Política publica	Estrategia Nacional de reducción de pobreza
ODS Asociado	ODS 10 Reducción de desigualdades.

Fuente: Elaboración propia, ٢٠٢٤ a partir de datos de ejecución presupuestal (Gobernación de Cesar, ٢٠٢٤; ٢٠٢٥; Gobernación del Atlántico, ٢٠٢٣; ٢٠٢٤a; ٢٠٢٤b).

Con solo 169,14 millones de pesos, la inversión en prevención y atención de desastres es una de las más bajas. En una región propensa a desastres naturales, este monto es insuficiente y está vinculado al ODS 11, que promueve la creación de ciudades y comunidades sostenibles. La falta de recursos puede dejar a las comunidades vulnerables desprotegidas ante eventos climáticos adversos. Un aumento en este rubro es imperativo para implementar estrategias efectivas de mitigación y respuesta.

Por último, se evidencia inversión hacia atención a grupos vulnerables en la región Caribe colombiana, durante el periodo estudiado, siendo evidenciado a través de la Tabla 7.

Tabla 7

Presupuesto Asociado a Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social. Cifras en miles de pesos

Gasto de Inversión/ Política/ ODS	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	Guajira	Magdalena	Sucre	Total, Costa Caribe
Atención a Grupos Vulnerables Promoción Social	125,78	45,51	33,09	22,85	12,92	10,32	24,34	274,81
Política publica		Política de equidad de género.
ODS Asociado		ODS 11 Ciudades y Comunidades sostenibles.

Fuente: Elaboración propia, ٢٠٢٤ a partir de datos de ejecución presupuestal (Gobernación de Cesar, ٢٠٢٤; ٢٠٢٥; Gobernación del Atlántico, ٢٠٢٣; ٢٠٢٤a; ٢٠٢٤b).

La inversión en atención a grupos vulnerables suma 274,81 millones de pesos. Si bien es un paso positivo hacia la reducción de la desigualdad, este monto es bajo en comparación con otros sectores. Este gasto está relacionado con el ODS 10, que busca reducir la desigualdad en el interior de los países. Al respecto, es esencial desarrollar políticas que no solo asignen recursos, sino que también midan su impacto en la vida de las personas vulnerables, asegurando que se aborden sus necesidades específicas.

El análisis de estos datos revela la necesidad de una planificación presupuestaria más estratégica e inclusiva. La asignación significativa a educación es un indicativo positivo, pero las disparidades en salud y el escaso financiamiento para agua y saneamiento son preocupantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que exista una relación directa de Inversión Estratégica para el Desarrollo Sostenible, es necesario que la asignación de recursos sea efectiva, debe alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abordan de manera integral la pobreza, la educación, la salud, la equidad de género y el medio ambiente. Esto implica adoptar un enfoque coordinado que considere la interrelación entre estos factores y su impacto en el desarrollo humano.

La colaboración entre diferentes niveles de Gobierno, así como entre el sector público y privado, es esencial para diseñar e implementar políticas que realmente transformen las condiciones de vida en la región. Solo a través de un enfoque integrado se podrá avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo que beneficie a todas las comunidades de la Costa Caribe colombiana.

Hacia el año 2022 en Colombia, de acuerdo con un informe de avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2023), el objetivo No. 2: Hambre Cero, alcanzó un 23,9% siendo una de las metas más bajas alcanzadas. Por el contrario, el objetivo No. 14: Vida Submarina alcanzó la meta del 100%, lo cual indica que los esfuerzos económicos del Estado se han focalizado hacia lo ambiental; situación que se viene manteniendo en el tiempo.

Conclusiones

La implementación de políticas públicas en una nación requiere de parte del Gobierno estatal un esfuerzo económico, lo que es materializado presupuestalmente a través de la ejecución de gastos de inversión. Como estrategia para evidenciar avances en las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Costa Caribe colombiana, se ejecutan políticas sociales que impactan directamente esos indicadores.

A partir de lo anterior, los resultados del análisis de la política social del Estado colombiano sobre la Agenda 2030 asociada a la gestión presupuestal de la Costa Caribe durante el periodo 2018-2021, evidencia el fortalecimiento del sector educativo a partir de la implementación de política de educación/familias en acción y por consiguiente el fortalecimiento del ODS 4: Educación de calidad. De igual forma, el sector salud también es financiado a través de la implementación de la política Nacional de Salud Pública y estrategia de atención integral a la primera infancia, permitiendo alcanzar meta para el ODS 3: Salud y Bienestar. El saneamiento básico también ha sido tema de interés en el territorio, priorizándose inversión a través de la política pública Estrategia de Desarrollo Sostenible, asociándose al ODS 6: Agua limpia y Saneamiento Básico.

Estos hallazgos permiten establecer una relación clara entre la planeación estratégica del gasto público y el avance hacia metas globales de desarrollo sostenible. Es necesaria la orientación del presupuesto hacia sectores prioritarios, la necesidad de que refleje una voluntad política alineada con los ODS, así mismo se dé una respuesta concreta a las desigualdades históricas de la región Caribe, donde la inversión social puede convertirse en el motor de transformación estructural.

En definitiva, la articulación entre políticas públicas, ejecución presupuestal y la Agenda 2030, representa una oportunidad valiosa para cerrar brechas sociales y mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Este enfoque integrado no solo evidencia que es necesario un compromiso del Estado con los acuerdos internacionales, sino que también permite visibilizar cómo, desde lo local, es posible incidir de manera efectiva en los grandes retos del desarrollo humano sostenible.

A pesar de que existen avances en términos de implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región Caribe colombiana, apalancado con recursos financieros del Estado, es necesario que desde lo gubernamental se siga trabajando en la implementación de políticas sociales que permitan alcanzar los objetivos en términos económicos asociados al desarrollo territorial, desde lo ambiental para alcanzar sostenibilidad de los recursos y en función de lo social, para generar un bienestar en la comunidad; tal como fue planteado inicialmente en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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